Cristina Maestre: “El Fondo de Transición Justa será fundamental para que España haga una transición energética sin dejar a nadie atrás”

Sep 17, 2020

“Los socialistas hemos conseguido incorporar una dimensión social muy importante para apoyar a las personas más vulnerables”

La eurodiputada Cristina Maestre considera que el Fondo de Transición Justa aprobado en el Pleno por una amplia mayoría de votos, “será fundamental para que nuestro país pueda hacer una transición energética y medioambiental justa sin dejar a nadie atrás”. El Fondo de Transición Justa tiene como objetivo ayudar a las regiones europeas más dependientes de la producción y consumo de carbón a aliviar el impacto socioeconómico de avanzar hacia un modelo más respetuoso con el medio ambiente.

“Los y las socialistas nos sentimos especialmente satisfechos de que durante el trámite parlamentario hayamos conseguido incorporar una dimensión social muy importante, con un apoyo activo de los grupos más vulnerables, medidas para evitar la pobreza energética, garantizar el acceso a la vivienda, promoción de la eficiencia energética, así como la creación de servicios sociales de interés general y servicios públicos y privados sostenibles”, ha señalado Maestre, que es miembro de la Comisión de Desarrollo Regional de la Eurocámara.

“Para nosotros además hay dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la llamada “recompensa verde” que hemos introducido, para que el 1% del fondo se destine a las islas y otro 1% a las  Regiones Ultraperiféricas (RUP), y por tanto puedan beneficiarse de él las Islas Baleares y Canarias. Por otra parte, una consideración especial a las regiones más vulnerables, que podrán optar a una cofinanciación europea de hasta el 85%, en lugar del 50%, lo que facilitará las inversiones”, ha señalado la eurodiputada socialista.

Además de estas, el texto final recoge varias de las reivindicaciones de los socialistas españoles, como la inclusión en los planes territoriales de las tasas de despoblación y desempleo; la prohibición de financiar los territorios que abran nuevas minas; y la exclusión de empresas que lleven a cabo procesos de deslocalización.


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